Foro sobre la reforma a la justicia penal militar

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Los alumnos de la Escuela Superior de Guerra analizaron este tema de gran importancia y actualidad junto a tres expertos en la materia: el General (RA) Juan Salcedo Lora, el Brigadier General (RA) Edgar Peña Velásquez y el Teniente Coronel Camilo Andrés Suárez Aldana. Durante el foro, se abordó la reforma a la justicia penal militar desde diferentes enfoques con el fin de responder a los interrogantes del público y plantear situaciones que motivaron el debate académico. El Mayor General (RA) Juan Salcedo Lora, miembro de la Comisión Jurídica Asesora para la Reforma de la Justicia Penal Militar, abordó este tópico realizando un marco contextual del proceso y los puntos vitales de la reforma que “es una necesidad, la hemos discutido por casi un año en la Comisión y es evidente que alguien debe preocuparse por la situación actual de la justicia colombiana, que en comparación con otros países vecinos es poco eficaz”. Así mismo, realizó un comparativo sobre los artículos específicos a los que la reforma hace referencia,  116, 152, 221 de la Constitución Política de Colombia, y fue claro al definir la tarea que se les encomendó: “proponer alternativas para despejar el marco legal dentro del cual opera la Fuerza Pública a la luz de la constitución y de las realidades internacionales”, afirmó. Por su parte, el Brigadier General (RA) Edgar Peña Velásquez, integrante de esta Comisión del Ministerio de Defensa Nacional, planteó una dinámica para responder a las inquietudes de los alumnos, por ello habló de Derecho Internacional Humanitario,  el rol de la Fuerza Pública en el conflicto y las diferentes complicaciones que presenta el proyecto constitucional: “nuestra idea debe responder de manera integral al problema de la ausencia de garantías y reglas claras para los miembros de la Fuerza Pública”. Por último, el Teniente Coronel Camilo Andrés Suárez Aldana, Magistrado del Tribunal Penal Militar, enfatizó su postura respecto a cómo debe ser abordada esta situación en materia jurídica: “las acciones de la Fuerza Pública deben ser juzgados por el DIH, no por la justicia ordinaria, y en caso que haya una diferencia de conceptos, un tribunal debería conciliar esta situación”. Además, hizo referencia a cómo la inseguridad jurídica puede ser fuente de inquietud para combatientes de la Fuerza Pública, razón por la que envió un mensaje claro al público asistente: “Estamos en un momento histórico, de nuestra labor dependerá el futuro de la Fuerza Pública e incluso puede influir en el resultado del conflicto. Por eso debemos concordar en la necesidad de entender que el derecho debe consultar realidades sociales, y la nuestra siendo bastante particular, exige consolidar un marco jurídico claro que permita actuar de manera efectiva y sin vacilaciones frente las amenazas que atentan contra el orden constitucional y contra los ciudadanos”.